Por: Christopher Shea
Los estados no están obligados a hacer cumplir las políticas migratorias de la administración Trump para recibir ayuda por desastres de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), dictaminó el miércoles un juez federal en Providence.
El juez federal William E. Smith, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Rhode Island, concedió una orden judicial permanente contra el Departamento de Seguridad Nacional, calificando de “coercitiva, ambigua, ajena al propósito de las subvenciones federales y perjudicial para el sistema de federalismo” una directiva emitida en abril.
La directiva establecía que hacer cumplir la agenda de detención migratoria del gobierno federal era una condición para recibir ayuda federal de emergencia ante desastres.
“Los estados dependen de estas subvenciones por miles de millones de dólares anualmente en asistencia por desastres”, escribió Smith, designado por George W. Bush. “Negar dichos fondos si los estados se niegan a cumplir con requisitos migratorios vagos los deja sin una opción significativa, especialmente cuando los presupuestos estatales ya están comprometidos.”
Un grupo de 20 fiscales generales demócratas presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional en mayo, alegando que la agencia carecía de autoridad legal para exigir a los estados que cumplieran con la política migratoria como condición para recibir financiamiento.
En su demanda inicial argumentaron que la política no solo era inconstitucional, sino que también violaba la Ley de Procedimiento Administrativo.
Como en otras demandas presentadas por fiscales demócratas, calificaron la decisión del gobierno como “arbitraria y caprichosa”. El Departamento de Seguridad Nacional discrepó, argumentando que las condiciones estaban alineadas con su misión principal de hacer cumplir la ley migratoria federal.
Pero esa justificación no fue suficiente para Smith.
“Tales frases vacías no pueden sustituir una explicación real de por qué es necesario imponer condiciones migratorias tan amplias a todas las subvenciones en cuestión”, escribió el juez.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, calificó el fallo de Smith como “una victoria para el estado de derecho” y reafirmó que el presidente Donald Trump no puede elegir qué leyes federales obedecer.
“La orden judicial permanente emitida hoy por el juez Smith establece, de manera inequívoca, que esta administración no puede imponer ilegalmente condiciones migratorias sobre los fondos federales asignados por el Congreso para servicios de emergencia como la ayuda por desastres y la mitigación de inundaciones”, dijo Neronha en un comunicado. “Caso cerrado.”
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
Además de Rhode Island y el Distrito de Columbia, los otros estados que participaron en la demanda fueron California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Washington, Wisconsin y Vermont.