A PROMULGAR UNA ORDENANZA MODELO DE PROTECCIÓN DE INMIGRANTES
En respuesta a los diversos ataques de la Administración Trump dirigidos a los inmigrantes durante la primera semana en el cargo del Presidente, la ACLU de Rhode Island instó hoy a los funcionarios municipales a adoptar una ordenanza integral diseñada para proteger a sus comunidades de inmigrantes de acciones y pronunciamientos federales constitucionalmente dudosos. Mientras que los funcionarios estatales han comenzado a considerar cómo abordar los diversos edictos políticos que emanan de Washington, D.C., la carta de la ACLU a los municipios enfatiza el importante papel que los funcionarios locales también pueden desempeñar en la protección de los residentes de las cuestionables demandas de los funcionarios federales de inmigración.
Muchos residentes y funcionarios públicos de Rhode Island han expresado su alarma por la serie de medidas promocionadas por el presidente, que se dirigen no solo a residentes documentados e indocumentados, sino también a ciudadanos estadounidenses. La ordenanza modelo enviada hoy por la ACLU a los alcaldes, jefes de policía y ayuntamientos de Rhode Island rechaza esas medidas. La propuesta incluye disposiciones como exigir órdenes judiciales antes de honrar a los detenidos de ICE; ayudar a las víctimas de delitos que puedan ser elegibles para un estatus especial de inmigración; rechazar la participación en un programa, conocido como 287(g), que esencialmente deplega a la policía local para servir como agentes de inmigración; y evitar otras formas de participación en la aplicación de la ley de la inmigración que pueden afectar negativamente a la seguridad pública y socavar las buenas relaciones entre la policía y la comunidad.
En una carta que acompaña al proyecto de ordenanza, la ACLU señaló que «ordenanzas como esta promueven la seguridad pública al mantener y fomentar relaciones positivas entre la policía y la comunidad. Los residentes sirven como testigos, denuncian delitos y ayudan a la aplicación de la ley. La base de esta cooperación a menudo se puede destruir cuando la policía local es vista como una extensión del sistema de inmigración». La ordenanza, agregó la carta, «de ninguna manera impide que sus agentes de policía continúen cooperando con ICE en la aplicación de la ley de inmigración cuando estén respaldados por la autoridad judicial o estén debidamente obligados por la ley federal».
Además, señaló la carta, muchos funcionarios no son conscientes de que no tienen la obligación legal de cumplir con las solicitudes de detención civil de inmigración, y pueden enfrentar responsabilidad legal por hacerlo. En 2017, por ejemplo, la ACLU de Rhode Island tuvo éxito en una demanda que presentó en nombre de un residente de Providence y ciudadano estadounidense que fue sometido a un humillante registro de desnudos y detenido durante la noche en la ACI como resultado de una detención federal de inmigración ilegal y errónea.
En respuesta a la amenaza de la Administración Trump de retener fondos de jurisdicciones que no dirigen recursos hacia las prioridades federales de inmigración, la carta de la ACLU señala que es probable que la Administración encuentre obstáculos constitucionales sustanciales si intenta cumplir con esa promesa, como lo demuestran las decisiones judiciales anteriores, incluida una de Rhode Island durante el primer mandato de Trump.
«La ACLU de Rhode Island está preparada para tomar medidas para proteger a los municipios que adoptan políticas y prácticas de apoyo a los inmigrantes», dijo Steven Brown, Director Ejecutivo. «Así como el estado tiene un papel importante que desempeñar en la protección de la comunidad inmigrante de Rhode Island, instamos a nuestros funcionarios locales a proteger a todos los residentes de Rhode Island de la cruzada xenófoba de la Administración Trump mediante la promulgación proactiva de medidas que eviten que las ciudades y los funcionarios municipales se conviertan en agentes de inmigración».
La carta y el modelo de ordenanza son un seguimiento de una campaña similar que la ACLU de RI montó en 2017 durante el primer mandato del presidente Trump. La semana pasada, ACLU Affiliates en Nueva Inglaterra presentó una demanda contra la orden ejecutiva del Presidente que pretende eliminar la «ciudadanía por derecho de nacimiento», un derecho garantizado por la Decimocuarta Enmienda a la Constitución, y seguramente vendrán otras demandas.
El texto completo de la carta enviada a los funcionarios municipales de RI está disponible aquí:
Https://www.riaclu.org/en/publications/letter-ri-municipal-immigrant-protection-ordinance
Un resumen de la ordenanza modelo de protección de inmigrantes está aquí:
El texto completo del modelo de ordenanza de protección de inmigrantes está disponible aquí:
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE CON:
Steven Brown: sbrown@riaclu.org; (401) 831-7171