Por: Ariana Figueroa
WASHINGTON — El Departamento de Estado anunció el miércoles que suspenderá todo el procesamiento de visas para inmigrantes provenientes de 75 países, al considerarlos propensos a necesitar asistencia gubernamental en Estados Unidos, lo que se conoce como “carga pública”.
El Departamento de Estado no respondió a la consulta de States Newsroom sobre cuándo entraría en vigor la política ni proporcionó una lista completa de los 75 países en cuestión. No obstante, en una publicación en redes sociales, el Departamento de Estado enumeró algunos de los países afectados, entre ellos Somalia, Haití, Irán y Eritrea.
“El Departamento de Estado pausará el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes reciben asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables”, escribió la agencia. “La suspensión permanecerá activa hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no extraerán riqueza del pueblo estadounidense”.
La medida entrará en vigor el 21 de enero y otros países afectados incluyen Afganistán y Rusia, según informó The Associated Press.
En noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional publicó un aviso de propuesta de reglamentación que describía cambios importantes en la forma en que los funcionarios de inmigración evalúan si ciertos inmigrantes probablemente se convertirán en una carga pública y si eso constituye un motivo de inadmisibilidad, es decir, que una persona no ciudadana no sería elegible para la admisión o el ajuste de su estatus migratorio.
Durante la primera administración del presidente Donald Trump, se intentó ampliar la definición de carga pública para incluir a cualquier inmigrante que hubiera recibido ciertos beneficios públicos durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Esa medida quedó estancada en los tribunales.
Una de las primeras leyes federales de inmigración es una ley de 1882 que prohibía la inmigración a Estados Unidos de personas que probablemente se convertirían en una carga pública. La administración Clinton, en 1999, definió formalmente la carga pública como aquellas personas dependientes de asistencia en efectivo, como la asistencia alimentaria.