Por Ariana Figueroa
WASHINGTON — El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, está gestionando personalmente el regreso de un hombre deportado erróneamente a una notoria megacárcel en El Salvador, según documentos judiciales presentados este lunes por el Departamento de Seguridad Nacional.
Si tiene éxito, el hombre —identificado en documentos federales solo con el seudónimo de “Cristian”— sería la primera persona deportada en regresar desde el brutal Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
Su regreso también contradiría el argumento sostenido durante meses por la administración Trump, tanto en tribunales como ante el público, de que El Salvador tiene la custodia exclusiva de cientos de hombres enviados allí en marzo, no EE.UU.
La jueza designada por Trump en el caso de Cristian criticó duramente el viernes a la administración por no informar adecuadamente sobre las acciones tomadas para facilitar su regreso.
La administración Trump ha usado el mismo argumento en el caso de otro hombre deportado erróneamente, Kilmar Abrego García, residente de Maryland, a pesar de una orden de la Corte Suprema de EE.UU. que exige su retorno.
Trump y otros altos funcionarios han acusado a Abrego García de pertenecer a una pandilla, aunque no hay pruebas de ello. El presidente Donald Trump también ha reconocido que podría traer de vuelta a Abrego García si quisiera.
‘ESFUERZOS DILIGENTES EN NOMBRE DE EE.UU.’
El documento judicial en el caso de Cristian presentado el lunes por la funcionaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Mellissa B. Harper, dice que Rubio «tiene una relación personal» con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y funcionarios del gobierno salvadoreño que se remonta a más de una década al tiempo del republicano de Florida en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
El caso se está llevando a cabo en Baltimore, Distrito de Maryland.
“Basándose en esta experiencia profunda con El Salvador y su conocimiento de las sensibilidades diplomáticas y políticas del país, el Secretario está manejando personalmente las conversaciones con el gobierno salvadoreño sobre las personas detenidas en El Salvador que están sujetas a la orden de esta Corte,” indica el documento.
“El Secretario Rubio ha leído y entendido la orden de esta Corte, y quiere asegurarle que está comprometido con hacer esfuerzos diligentes y rápidos para cumplirla en nombre de EE.UU.”, continúa el texto.
El documento también señala que el DHS pidió al Departamento de Estado “asistencia para cumplir con la orden de la Corte, incluyendo iniciar negociaciones para facilitar el regreso de Cristian”.
Harper trabaja en el área de Ejecución y Deportación de ICE como subdirectora ejecutiva interina.
DUROS SEÑALAMIENTOS DE LA JUEZA
El documento fue presentado luego de que la jueza Stephanie Gallagher —designada por Trump en 2018— reprendiera duramente a la administración por su “evidente falta de esfuerzo para cumplir” con la orden judicial emitida a inicios de mayo, la cual requería un informe detallado sobre los pasos tomados para traer de vuelta a Cristian, quien según los documentos tiene 20 años.
El 6 de mayo, afirmó su decisión de que la administración Trump debe facilitar el regreso de Cristian.
Gallagher dio plazo hasta el lunes al Departamento de Justicia para cumplir con la orden.
Cristian fue uno de unos 300 hombres enviados al CECOT. Aproximadamente 200 de ellos fueron expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, mientras que otros, como Abrego García, fueron deportados bajo otras leyes migratorias.
Cristian llegó a EE.UU. como menor no acompañado y era parte de una demanda colectiva que prohibía su deportación mientras su caso de asilo estuviera pendiente.
Al igual que el caso Abrego García, la administración dijo anteriormente que era impotente obligar al gobierno salvadoreño a liberar a Cristian, un argumento con el que Gallagher expresó frustración el viernes.
“Los demandados simplemente repitieron sus argumentos gastados sobre por qué deportaron a Cristian y no proporcionaron la información que esta Corte requería,” escribió Gallagher.
Actualmente, EE.UU. paga hasta $15 millones a El Salvador para detener inmigrantes deportados desde su territorio.
“Como ciudadano venezolano, él está en El Salvador solo porque EE.UU. lo envió allí conforme a un acuerdo con el gobierno salvadoreño,” escribió la jueza Gallagher.
* Foto generada con ia.