Pie de Foto: Kit de examen por agresión sexual. (Foto del Departamento de Justicia de EE.UU., Oficina de Programas de Justicia, Oficina de Asistencia Judicial)
Por: Christopher Shea
Diecisiete coaliciones estatales contra la violencia doméstica y sexual han solicitado a un juez federal de Rhode Island que detenga las nuevas restricciones impuestas por la administración Trump a las subvenciones administradas por una oficina del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).
La solicitud forma parte de una demanda encabezada por la Coalición contra la Violencia Doméstica de Rhode Island (RICADV) que impugna la legalidad de los esfuerzos del DOJ por retener fondos otorgados a través de su Oficina sobre la Violencia contra la Mujer (OVW) con el fin de promover las prioridades de la administración en temas de ideología de género, DEI (diversidad, equidad e inclusión) e inmigración.
La demanda fue presentada el 16 de junio por abogados que representan a la ACLU de Rhode Island y al Comité de Abogados de Rhode Island, junto con Democracy Forward, Jacobson Lawyers Group y el Centro Nacional de Leyes para la Mujer. El caso fue asignado al juez federal sénior William E. Smith, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Rhode Island.
La Coalición contra la Violencia Doméstica de Rhode Island está compuesta por 10 agencias y ha recibido subvenciones de la OVW durante más de dos décadas. Brianna Henries, portavoz de la coalición, remitió los comentarios a Democracy Forward.
“Al obligar a los proveedores de servicios a elegir entre certificar su cumplimiento con condiciones ilegales o renunciar a los fondos federales necesarios para mantener seguras a sus comunidades, la administración Trump mantiene los fondos como rehenes para obligar a las organizaciones a someterse a su agenda anti-DEI, antiinmigrante y antitrans”, dijo Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, en un comunicado. “Esto es ilegal y pone en riesgo programas esenciales que previenen la violencia doméstica y sexual y apoyan a las sobrevivientes.”
La demanda se presenta en un contexto en el que la administración Trump ha propuesto un recorte del 29% en el presupuesto del programa de la OVW para el año fiscal 2026.
Según las nuevas directrices del DOJ, las organizaciones no pueden usar fondos federales para proyectos de investigación, promover o facilitar violaciones a la ley federal de inmigración, programas que desincentiven la cooperación con las fuerzas del orden, o iniciativas que promuevan la ideología de género.
También se prohíbe a las organizaciones participar en “actividades que presenten la violencia doméstica o sexual como problemas de justicia social sistémica en lugar de delitos penales”.
Según la demanda, el DOJ ha comenzado a exigir que los beneficiarios de subvenciones certifiquen que cumplen con estas condiciones, y podrían estar sujetos a sanciones bajo la Ley Federal de Reclamaciones Falsas si no lo hacen. Las sanciones incluyen la posible retención de fondos, la terminación del contrato con el gobierno federal y el enjuiciamiento penal.
Los abogados de la ACLU y de la coalición argumentan que tales exigencias violan la Ley de Procedimiento Administrativo, que prohíbe acciones “arbitrarias y caprichosas” por parte de agencias federales. También sostienen que el supuesto quid pro quo para recibir fondos viola la Primera Enmienda al “intentar silenciar discursos desfavorecidos”.
“Las nuevas condiciones para el financiamiento son inconstitucionales en múltiples formas”, afirma el memorando de 49 páginas presentado para solicitar una orden judicial preliminar.
Estas subvenciones fueron creadas bajo la Ley de Control y Cumplimiento de la Ley de 1994 y la Ley de Violencia contra la Mujer para ayudar a organizaciones que brindan servicios legales, asistencia para la vivienda y consejería de crisis a víctimas.
Según la demanda, las nuevas condiciones fuerzan a las organizaciones a tomar una decisión “imposible”: renunciar a apoyo vital o aceptar reglas que contradicen sus valores y responsabilidades legales.
$1 millón en subvenciones otorgadas anualmente a Rhode Island
La Coalición de Rhode Island tiene un presupuesto anual de aproximadamente $5.3 millones, de los cuales cerca de $3.4 millones se distribuyen entre agencias miembros. Aproximadamente $1 millón proviene de subvenciones de la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer, según declaró Lucy Rios, directora ejecutiva de la coalición, en una declaración jurada.
Subvenciones y contratos federales representaron el 79% de los ingresos de la coalición, según su informe anual.
La coalición ha recibido fondos de subvenciones en diversas categorías programáticas cada año desde al menos 2001. Ha solicitado subvenciones para capacitación y asistencia técnica, así como otras subvenciones competitivas discrecionales, incluyendo $114,533 otorgados para el periodo del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025. La demanda fue presentada antes de la fecha límite del 25 de junio para solicitar una subvención de capacitación y asistencia técnica para el año fiscal 2025, estimada en $113,574.
Rhode Island recibió $550,000 de la OVW en 2022 para crear un programa de visitas y entregas seguras para sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos —incluyendo actividades de defensa para personas LGBTQ+. La coalición también recibió una subvención de $350,000 para educar a jóvenes varones —en particular jóvenes de color e inmigrantes— sobre los delitos de violencia doméstica y en el noviazgo.
La coalición buscaba continuar esos programas con más financiamiento, así como $900,000 destinados a identificar posibles casos de alto riesgo para supervisión y monitoreo, según la declaración jurada.
“Sin acceso a estos fondos, programas vitales que mantienen a los habitantes de Rhode Island seguros y que posicionan a nuestro estado como líder en el abordaje de la violencia doméstica están en riesgo, incluyendo el primer Centro de Visitas Supervisadas e Intercambio Seguro del estado para familias que enfrentan violencia doméstica”, dijo Rios en un comunicado del 16 de junio. “Nos esforzamos por ser tan valientes y resilientes como las sobrevivientes de nuestras comunidades al defender la red de seguridad y la infraestructura de prevención que hemos construido colectivamente durante casi 50 años.”
Un portavoz de la Oficina sobre la Violencia contra la Mujer del DOJ no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.
El grupo de coaliciones estatales contra la violencia doméstica y sexual incluye a:
Rhode Island Coalition Against Domestic Violence, California Partnership to End Domestic Violence, Colorado Coalition Against Sexual Assault, DC Coalition Against Domestic Violence, End Domestic Abuse Wisconsin: The Wisconsin Coalition Against Domestic Violence, Idaho Coalition Against Sexual and Domestic Violence, Iowa Coalition Against Domestic Violence, Jane Doe Inc. (La coalición de Massachusetts contra la agresión sexual y la violencia doméstica), Kansas Coalition Against Sexual and Domestic Violence, Montana Coalition Against Domestic and Sexual Violence, North Carolina Coalition Against Domestic Violence, Oregon Coalition Against Domestic and Sexual Violence, Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence, ValorUS, Violence Free Minnesota, Virginia Sexual and Domestic Violence Action Alliance y Wisconsin Coalition Against Sexual Assault.