A partir del primero de octubre de 2025, vender una casa en Rhode Island significará pagar más de lo que muchos propietarios estaban acostumbrados. No se trata de la comisión, ni de un gasto oculto de último minuto, sino del conocido “sello de transferencia” o impuesto de timbre que se paga en el cierre de toda transacción inmobiliaria. Hoy en día ese sello cuesta 4.60 dólares por cada mil dólares del precio de venta, pero dentro de unas semanas pasará a ser de 7.50 dólares por cada mil dólares. Puede parecer un detalle menor, unos cuantos dólares de más, pero para quien está sentado en la mesa de cierre esos números se transforman en cientos o incluso miles adicionales.
Hablemos con números sencillos. Una casa de 300,000 dólares paga ahora alrededor de 1,380 dólares en sellos; en octubre esa misma casa pagará 2,250. Una de 500,000 dólares pasará de 2,300 a 3,750. Una venta de 800,000 dólares, que hoy paga 3,680, pasará a 6,000. Y una operación de un millón de dólares saltará de 4,600 a 7,500. En cada caso, el aumento significa dinero real que el vendedor deja sobre la mesa.
La pregunta que muchos se hacen es por qué el Estado decidió imponer este aumento justo ahora. La respuesta oficial es clara: el dinero adicional irá a parar a programas de vivienda y a iniciativas contra la falta de techo. Rhode Island, como tantos estados del noreste, enfrenta una crisis de vivienda que no afloja. Los alquileres suben, las vacantes bajan, y las familias que buscan comprar por primera vez sienten que las puertas se les cierran. Los legisladores dicen que quienes han acumulado valor en sus propiedades, quienes venden y se llevan ganancias, deben aportar un poco más para financiar los recursos que permiten dar techo y servicios a quienes más lo necesitan.
Pero en la práctica, la reacción no ha sido uniforme. Entre corredores de bienes raíces, abogados y propietarios, la molestia es palpable. Muchos opinan que el aumento fue demasiado brusco, casi un sesenta por ciento de un solo golpe, y que pone en aprietos a familias que no necesariamente están “ganando” con la venta. Están los que se divorcian y necesitan dividir bienes, los que se mudan por trabajo o los que venden para cubrir gastos médicos. Para ellos, ese extra de mil o dos mil dólares en impuestos no se siente como justicia, sino como castigo.
En conversaciones en redes comunitarias, varios propietarios y pequeños inversionistas se quejan de que el Estado escogió el momento del cierre como fecha determinante, lo que obliga a muchos a apresurar transacciones para evitar el nuevo costo. Algunos expresan frustración porque el proceso de venta rara vez es rápido; entre inspecciones, tasaciones y papeleo, cerrar antes del primero de octubre es casi imposible. La Asociación de Realtors de Rhode Island también ha levantado la voz, advirtiendo que este aumento podría enfriar el mercado, sobre todo en propiedades de precio medio. Han señalado que un salto de más de mil dólares en una casa promedio es una diferencia que no se puede ignorar, y que muchos vendedores no habían contemplado en sus cálculos.
Detrás de todo esto está la intención de captar fondos no solo para construir o rehabilitar viviendas, sino para financiar los programas que las sostienen. Dar vivienda a una familia sin techo no termina con entregar las llaves; suele implicar acompañamiento, consejería, administración de casos, y en ocasiones la cobertura parcial de beneficios de salud o seguros. Son costos crecientes que recaen sobre agencias sin fines de lucro y programas estatales, y que necesitan financiamiento constante. El aumento de los sellos es, en parte, un intento de cubrir esa brecha.
Los defensores del cambio argumentan que es una cuestión de equidad. Quien ha visto crecer el valor de su propiedad y obtiene decenas o cientos de miles de dólares en plusvalía al vender, puede permitirse aportar un poco más. Mejor eso, dicen, que aumentar impuestos al consumo o a los salarios, que afectan de manera más directa a quienes menos tienen. Para ellos, se trata de redistribuir parte de las ganancias de un mercado inmobiliario caliente hacia quienes han quedado fuera de él.
Aun así, la desconfianza existe. No faltan quienes creen que el dinero se perderá en el presupuesto general y nunca llegará a los programas prometidos. Otros señalan que Rhode Island ya tiene costos de cierre más altos que estados vecinos, y temen que esto haga menos atractivo vender aquí. Y aunque las autoridades insisten en que la recaudación se usará para vivienda y asistencia social, la gente quiere ver resultados concretos: menos familias en refugios, más unidades asequibles construidas, más apoyo real para quienes luchan por mantenerse en sus hogares.
En las próximas semanas, la prisa por cerrar antes de la fecha límite será evidente. Algunos vendedores adelantarán operaciones, otros se verán obligados a aceptar el nuevo costo. Lo que cambiará, sin duda, será la conversación en la mesa de cierre. Lo que antes era una línea más en el desglose de gastos ahora ocupará la atención y, para muchos, será motivo de queja. En última instancia, este aumento es mucho más que un trámite administrativo: es un reflejo de cómo el Estado intenta equilibrar ingresos y necesidades, y de cómo los ciudadanos perciben ese equilibrio en su vida diaria.