Varios medios coinciden en la importancia de este fenómeno y Human Right Watch tercia en materia legal.
“Un análisis de BBC Mundo en febrero continúa teniendo vigencia en este momento. Un artículo de esta publicación deja preocupantes datos sobre la percepción de los estadounidenses sobre cual es el principal problema del país ad portas de las elecciones presidenciales en noviembre de 2024.
Es muy interesante que el tema migratorio por si mismo se haya convertido en el principal de todas las preocupaciones. Desde 2019 los cruces seguían en aumento y los 3 años siguientes crecía exponencialmente al ritmo que se agravaba la situación de la economía luego de la pandemia. Para entonces la economía (la inflación) se perfiló como la segunda de todas las preocupaciones, seguida del empleo y otros problemas sociales. En solo tres años la inmigración tomó el primer lugar, asunto que experimentaron varios países del mundo y que en Estados Unidos no fue la excepción.
“La frontera va a definir la Casa Blanca”: la visita simultánea de Biden y Trump a Texas que muestra cómo la crisis migratoria es crucial en la carrera por la presidencia” (BBC Mundo)
Para complementar esta situación el presidente Biden trae la ley de limitar el asilo en la frontera sur.
¿Qué cambia realmente con la nueva propuesta del gobierno de Biden para migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos? El Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas se pronunció en febrero sobre las medidas adoptadas a comienzos de 2024
Más medidas de cara a las elecciones: “La regla propuesta que hemos publicado hoy es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.
“Seguiremos tomando medidas, pero fundamentalmente solo el Congreso puede arreglar lo que todos coinciden en que es un sistema de inmigración fallido”, agregó.
Más de 6,3 millones de migrantes han sido detenidos tratando de entrar de forma ilegal a EE.UU. durante el mandato de Biden, una cifra mayor que en las administraciones anteriores, tanto de Trump, como las de sus antecesores Barack Obama y George W. Bush.
SI bien alcanzaron un nivel récord en diciembre, los cruces fronterizos bajaron en los últimos meses, en gran parte debido a la aplicación de la ley por parte del gobierno mexicano.
Además, ya el gobierno de Biden había anunciado el año pasado otra norma mucho más amplia que la anunciada ahora para restringir el asilo
La regla hizo que fuera extremadamente difícil para los migrantes que llegan directamente a la frontera sur obtener asilo a menos que usaran una aplicación del gobierno para programar una cita o que ya hubieran intentado buscar protección en otro país en su camino a Estados Unidos.
Con el tema migratorio sobre el tapete electoral, se espera que, antes del 5 de noviembre, el gobierno sopese una acción más amplia para restringir más la inmigración en la frontera.
Por otro lado, Human Rights Watch se pronuncia sobre la orden ejecutiva
EE. UU.: La orden que limita el asilo perjudicará a las personas que buscan protección
Viola la legislación internacional sobre derechos humanos y refugiados
(Washington, DC, 5 de junio de 2024) – Una orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 4 de junio de 2024, que bloquearía de facto el acceso al asilo para las personas que ingresan a la frontera entre Estados Unidos y México bajo ciertas condiciones, podría exponer a miles de personas a sufrir daños, señaló hoy Human Rights Watch. La orden es ilegal en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.
La medida permite a los agentes fronterizos expulsar de manera inmediata y sin audiencia a las personas que llegan a EE.UU. cuando las aprehensiones en la frontera han superado un promedio de 2.500 personas en 7 días. De este modo, se cerraría la frontera a los solicitantes de asilo. Las autoridades no reabrirían la frontera hasta que el número de aprehensiones diarias disminuya por debajo de un promedio de 1.500 personas en 7 días concurrentes.
La orden ejecutiva se basa en la premisa confusa de que “los no ciudadanos que crucen la frontera sur de manera irregular o sin autorización generalmente no podrán optar al asilo”. El artículo 31 de la Convención sobre los Refugiados deja claro que es legal llegar como refugiado en busca de protección, pero al cerrar la frontera a todas las llegadas, la orden convierte la búsqueda de asilo en algo ilícito.
“Centrarse en cifras arbitrarias en lugar de hacerlo en los seres humanos que solicitan asilo en la frontera de EE.UU. ignora el daño potencial a las personas, familias y niños que podrían ser devueltos por la fuerza al peligro”, dijo Vicki B. Gaubeca, directora asociada de inmigración y política fronteriza de EE.UU. en Human Rights Watch. “Esta política reproduce algunas de las medidas antiinmigrantes más duras de la administración anterior, aparentemente atendiendo al alarmismo contra los inmigrantes e impulsada por el deseo de parecer ‘duros en la frontera’ “.
La administración afirma que la nueva autoridad de “cierre” se basa en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite al presidente prohibir la entrada de grupos enteros de no ciudadanos considerados “perjudiciales para los intereses de Estados Unidos”. Sin embargo, las personas que ya están en suelo estadounidense y solicitan asilo o piden protección están protegidas no sólo por la sección 208 de la INA, sino también por el derecho internacional, con el que la sección 212(f) debe ser coherente, señaló Human Rights Watch.
Esta no es la primera restricción de la administración Biden al acceso al asilo. En mayo de 2023, la administración anunció la regla de elusión de vías legales. Esta norma prohíbe a las personas solicitar asilo en Estados Unidos si cruzan entre puertos de entrada, si no utilizan la aplicación telefónica CBP One, que obliga a las personas a esperar durante meses en México para obtener una cita, o si no solicitaron asilo en un país de tránsito. Estas políticas han dado lugar a abusos generalizados, como ha documentado Human Rights Watch.
Por otra parte, la administración Biden tiene previsto aumentar los procesamientos relacionados con la inmigración mediante el aumento de “fiscales y personal de apoyo” adicional y el aumento de la colaboración entre los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia. Human Rights Watch lleva mucho tiempo documentando que los procesamientos por entrada o reentrada ilegal violan los derechos de los solicitantes de asilo y los derechos de todos los inmigrantes a la unidad familiar.
“En lugar de contribuir al teatro político que suele ser el telón de fondo del ciclo de elecciones presidenciales de EE.UU., el gobierno de Biden debería centrarse en crear un enfoque equilibrado y respetuoso con los derechos para gestionar la frontera entre EE.UU. y México”, afirmó Gaubeca.
