RESUMEN DE MEDIOS
La Corte Suprema no le permitirá al gobierno del presidente Joe Biden implementar una política que da prioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que representan el mayor riesgo a la seguridad pública.
La orden del jueves congela la medida a nivel nacional por el momento. La decisión se alcanzó por 5 votos a favor y 4 en contra, y en estos últimos la jueza conservadora Amy Coney Barrett se sumó a los liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson al afirmar que le habrían permitido al gobierno de Biden implementar la política.
La corte también anunció que escucharía argumentos en el caso, señalando que lo haría a finales de noviembre.
Es el primer voto público que emite Jackson desde que se sumó al máximo tribunal el 30 de junio después del retiro del juez Stephen Breyer.
Los jueces dieron a conocer su decisión luego de que el gobierno solicitara la intervención de emergencia de la corte tras fallos contradictorios de tribunales federales de apelaciones en torno a una directiva emitida por el Departamento de Seguridad Nacional en septiembre, con la cual se pusieron en pausa las deportaciones a menos que se tratara de individuos que hubiesen cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
La corte federal de apelaciones en Cincinnati revocó este mes la orden de un juez de distrito que suspendía la medida en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.
Pero en una demanda distinta interpuesta por Texas y Luisiana, un juez federal en Texas ordenó la suspensión nacional de la directriz y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans se negó a intervenir.
La orden del juez equivalía a “una reforma a nivel nacional de las prioridades policiales del poder ejecutivo impuesta judicialmente”, escribió la procuradora general Elizabeth Prelogar en una presentación judicial. Prelogar es la principal abogada del gobierno ante la Corte Suprema.
En su presentación ante el máximo tribunal, Texas y Luisiana argumentaron que la directriz del gobierno viola la ley federal que requiere la detención de las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que han sido declaradas culpables de delitos graves. Los estados señalaron que enfrentarían costos adicionales por detener a personas que el gobierno federal podría permitir que permanecieran en libertad en el país a pesar de sus antecedentes penales.
La directriz, emitida después de que Biden asumió la presidencia, actualizó una política de su predecesor Donald Trump que expulsaba a las personas que se encontraban de forma ilegal en Estados Unidos sin importar sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.