Pie de Foto: Fondos del programa Construyendo Infraestructura y Comunidades Resilientes (BRIC) de FEMA han ayudado a investigadores de la Universidad de Rhode Island a desarrollar una herramienta interactiva de mapeo y una base de datos que ilustran la extensión y profundidad de las inundaciones causadas por el aumento del nivel del mar y las tormentas costeras. (Vía STORMTOOLS)
Por: Alexander Castro
El programa de FEMA ha financiado una herramienta de modelado para identificar riesgos de inundación en zonas costeras e interiores de Rhode Island.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, se unió esta semana a su segunda demanda multilateral contra la administración del presidente Donald Trump, al firmar una impugnación conjunta de 20 estados contra la eliminación de un programa clave de mitigación de desastres.
La demanda, presentada el miércoles en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Massachusetts, busca revertir la cancelación del programa “Construyendo Infraestructura y Comunidades Resilientes” (BRIC, por sus siglas en inglés), administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
Bajo BRIC, FEMA financia proyectos de estados, tribus y gobiernos locales que fortalecen a personas y propiedades contra desastres naturales. Los fondos pueden utilizarse para instalar barreras contra inundaciones, reforzar edificaciones, mejorar infraestructura de aguas residuales o proteger redes eléctricas. También se destinan a planes de emergencia o a la identificación de riesgos dentro de las comunidades. FEMA cubre hasta el 75% del costo de los proyectos, aunque las comunidades rurales más pequeñas pueden recibir hasta el 90%.
En un comunicado el miércoles, Neronha advirtió que la eliminación del programa afectaría a las comunidades costeras de Rhode Island.
“No se puede negar que Rhode Island es particularmente vulnerable a los efectos crecientes del cambio climático, por lo que debemos anticiparnos y mitigar los riesgos”, señaló.
Esta es la demanda número 27 que Neronha presenta contra la administración Trump desde enero. A diferencia de la demanda presentada el lunes sobre recortes en fondos educativos, esta no es liderada por él, sino por las fiscales generales Andrea Joy Campbell (Massachusetts) y Nick Brown (Washington).
También participan los fiscales generales de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Washington, Wisconsin, así como el gobernador de Pensilvania.
Pie de Foto: El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha. (Foto por Alexander Castro/Rhode Island Current)
Desde su apertura en 2020, BRIC ha financiado más de 2,000 proyectos con aproximadamente $4,500 millones. Según la demanda, la Universidad de Rhode Island ha utilizado fondos BRIC para desarrollar una herramienta de modelado de riesgos de inundación en aguas costeras e interiores del estado. El proyecto, financiado entre los años fiscales 2020 y 2023, recibió $976,488 en múltiples subvenciones. Uno de esos fondos, por $348,978, está en riesgo por la cancelación del programa.
“El proyecto BRIC de URI no puede avanzar sin esos fondos”, dice la demanda. “Como resultado de la cancelación, Rhode Island tendrá menos datos e información sobre las inundaciones interiores y sus riesgos”.
La demanda sostiene que la suspensión del programa viola la separación de poderes y la Ley de Procedimientos Administrativos. Demandas anteriores contra recortes federales durante la administración Trump han seguido argumentos similares.
“El presidente sabe que ni él ni su administración tienen la facultad de retener unilateralmente fondos asignados por el Congreso a los estados, y sin embargo, aquí estamos otra vez”, declaró Neronha.
También se argumenta que la eliminación de BRIC viola la Cláusula de Nombramientos de la Constitución. El funcionario que puso fin al programa, Cameron Hamilton —quien fue administrador interino de FEMA desde enero hasta su destitución en mayo—, “nunca fue nominado para dirigir FEMA ni confirmado por el Senado”, señala la demanda.
Página no encontrada
FEMA, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la demanda. El 4 de abril, la agencia publicó un aviso sobre la cancelación del programa en su sitio web, pero el enlace actualmente lleva a un mensaje de “Página no encontrada”.
Una versión archivada en Archive.org indica: “El programa BRIC fue otro ejemplo más de un programa ineficaz y derrochador de FEMA. Estaba más enfocado en agendas políticas que en ayudar a los estadounidenses afectados por desastres naturales.”
Un memorando posterior, del 16 de abril, aclaró que FEMA cancelaría las solicitudes para el ciclo de financiamiento 2024, así como todos los proyectos BRIC no comprometidos entre los años fiscales 2020 y 2023. También anularía los proyectos comprometidos que aún no hayan comenzado construcción. Los fondos no utilizados, más de $3,600 millones, serían devueltos al Fondo de Ayuda para Desastres. FEMA planea desarrollar una nueva estrategia de mitigación “más receptiva a las necesidades estatales y locales”.
La demanda del miércoles señala que la cancelación abrupta de fondos “ha causado un daño grave”, ya que impide que los estados avancen con proyectos, generando pérdidas de tiempo, esfuerzo y dinero.
“Cada día que pasa causa más daño y aumenta las probabilidades de que estos proyectos no puedan seguir adelante, mientras las comunidades enfrentan permisos por expirar, costos en aumento y pérdida de confianza de los actores involucrados”, concluye la demanda.
Los esfuerzos de FEMA para fortalecer a las comunidades contra desastres comenzaron con programas piloto en los años noventa, y se formalizaron en 2002 con el programa de Mitigación Antes del Desastre. Tras el huracán Katrina, el Congreso aprobó legislación en 2006 para reforzar esta función clave. En 2018, se reformaron las ofertas de FEMA para hacerlas más coherentes, y en septiembre de 2020 se abrieron las primeras solicitudes para el programa BRIC.