PROVIDENCE, R.I. – El fiscal general Peter F. Neronha se unió a una coalición de 14 fiscales generales y al gobernador de Pensilvania para presentar una demanda que impugna la reestructuración radical del calendario nacional de inmunización infantil por parte de la Administración Trump. La querella nombra como demandados al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr.; al director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Jay Bhattacharya; así como al propio CDC y al HHS.
La demanda impugna un “Memorando de Decisión” del CDC fechado el 5 de enero de 2026, que eliminó el estatus de recomendación universal de siete vacunas infantiles: aquellas que protegen contra el rotavirus, la enfermedad meningocócica, la hepatitis A, la hepatitis B, la influenza, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (RSV). La querella también cuestiona el reemplazo ilegal del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), el panel federal de expertos que ha guiado durante décadas la política de vacunación en Estados Unidos.
“Las acciones de la Administración Trump son el resultado natural de nombrar a un antivacunas como jefe del HHS, pero eso no significa que no vamos a luchar para proteger la salud pública”, declaró el fiscal general Neronha. “No se necesita ser científico para entender la ciencia: durante décadas, las vacunas han prevenido cientos de millones de casos de enfermedad en este país y han ahorrado a los estadounidenses billones de dólares en gastos relacionados. Ahora, el secretario Kennedy ha despedido ilegalmente a todos los miembros de un comité calificado encargado de proteger la salud de nuestros niños y los ha reemplazado por personas que cumplirán con su agenda. Si se permite, los estadounidenses, y especialmente nuestros niños, pagarán el precio. No podemos, ni permitiremos, que pongan en peligro la vida de nuestros hijos”.
Según el Informe Semanal de Morbilidad y Mortalidad (MMWR) de los CDC de 2024, investigadores estiman que entre los niños nacidos en Estados Unidos entre 1994 y 2023, las vacunas infantiles de rutina evitaron aproximadamente 508 millones de casos de enfermedad, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1.1 millones de muertes, generando 2.7 billones de dólares en ahorros sociales.
Este logro notable ha sido posible en gran parte gracias a destacados académicos médicos y expertos en salud pública que han servido en el ACIP y establecido el calendario de vacunación infantil basado en evidencia científica, en el cual agencias federales, estados y padres han confiado durante décadas.
En junio de 2025, el secretario Kennedy despidió abruptamente a los 17 miembros con derecho a voto del ACIP y los reemplazó con personas que no cumplen con las calificaciones científicas requeridas por la propia carta constitutiva del ACIP y la Ley Federal de Comités Asesores (FACA). Al menos nueve de los 13 miembros actuales del ACIP carecen de la experiencia o las credenciales profesionales necesarias para el cargo, y la mayoría ha expresado públicamente posturas alineadas con la conocida oposición del secretario Kennedy a las vacunas.
En diciembre de 2025, el ACIP reconstituido revirtió casi treinta años de política del CDC al eliminar la recomendación de la dosis universal de hepatitis B al nacer, una vacuna que es hasta un 90 por ciento efectiva para prevenir la infección perinatal cuando se administra dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento. Poco después, el CDC amplió su ofensiva ideológica contra las vacunas infantiles de rutina. El 5 de enero de 2026, el entonces director interino del CDC, Jim O’Neill —quien no tiene formación médica ni científica— firmó un “Memorando de Decisión” que rebajó siete vacunas del calendario universalmente recomendado de vacunación infantil a un estatus inferior que genera confusión e incertidumbre.
El Memorando de Decisión no se basa en nueva evidencia científica, ni en recomendación alguna de un ACIP legalmente constituido, ni en una revisión sistemática de los datos disponibles. En su lugar, se apoyó principalmente en comparaciones superficiales con supuestos “países pares”, particularmente Dinamarca, ignorando las diferencias fundamentales entre esas naciones y Estados Unidos, así como la abrumadora evidencia que respalda la eficacia del calendario de inmunización infantil previo a Kennedy. Además, a diferencia de países como Dinamarca con atención médica universal, más de 100 millones de estadounidenses no tienen acceso habitual a atención primaria, lo que hace que la instrucción de “consultar las vacunas con su médico” sea, en la práctica, poco significativa.
Una disminución en las tasas de vacunación conducirá directamente a un aumento en las tasas de enfermedades infecciosas. Para Rhode Island y otros estados, esto significa mayor presión sobre sus programas de Medicaid y sistemas de salud pública, más tiempo y recursos destinados a combatir brotes y desinformación, y desperdicio de recursos al desvincular leyes estatales, regulaciones y orientaciones públicas de las ahora poco confiables recomendaciones del ACIP y del CDC.
Las acciones tomadas por el ACIP, el HHS y el CDC probablemente aumentarán la reticencia a vacunarse en Rhode Island, incrementando el riesgo de enfermedades prevenibles por vacunación con un costo significativo para el estado. Además, estas acciones imponen gastos considerables a Rhode Island, que depende en gran medida de las recomendaciones del ACIP para formular su propia política de vacunación.
Contrario a la desinformación e insinuaciones del secretario Kennedy, las vacunas previamente recomendadas en el calendario infantil del CDC previo a Kennedy siguen siendo seguras y efectivas, y son fundamentales para proteger a los niños de Estados Unidos y la salud pública en general.
Los estados demandantes solicitan al tribunal que declare ilegales el Calendario Kennedy y los nombramientos del ACIP realizados por Kennedy, y que ordene suspender, anular y dejar sin efecto tanto el nuevo calendario de inmunización como los nombramientos ilegales.
Se unen al fiscal general Neronha en esta demanda los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Wisconsin, así como el gobernador de Pensilvania.