Defensores piden fortalecer las regulaciones estatales tras tiroteo en Pawtucket y arresto de ICE en Providence
Por: Nancy Lavin
Las cámaras corporales de la policía solo son útiles en la medida en que lo permitan las reglas que rigen su uso y distribución.
Y los grupos de buen gobierno dicen que las regulaciones sobre cámaras corporales en Rhode Island están llenas de vacíos legales que dan ventaja a los agentes de policía a expensas de la transparencia pública y el acceso.
Por eso, están volviendo a pedir a la oficina del Fiscal General de Rhode Island que fortalezca la política estatal.
“La transparencia es fundamental dentro de las agencias de aplicación de la ley, particularmente cuando hay un tiroteo con participación de oficiales”, afirma una carta del 7 de agosto de ACCESS/RI.
Es la tercera vez que la coalición sin fines de lucro de grupos de vigilancia y acceso, incluidos la Asociación de Prensa de Rhode Island, de la cual Rhode Island Current es miembro, solicita a la oficina del Fiscal General que refuerce el programa estatal de cámaras corporales desde que la legislatura estatal aprobó la ley en 2021.
Hasta ahora, los llamados al cambio han sido en gran parte ignorados.
“El Fiscal General no adopta la posición de los grupos de gobierno abierto en lo que respecta a las cámaras corporales porque el Fiscal General tiene esa dualidad de ser también el principal agente de aplicación de la ley”, dijo John Marion, director ejecutivo de Common Cause Rhode Island y firmante de la carta, en una entrevista el jueves. “Típicamente se alinean con sus colegas en las fuerzas del orden”.
La oficina del Fiscal General de Rhode Island, Peter Neronha, reconoció pero no respondió a una solicitud de comentarios el jueves.
En una explicación por escrito en respuesta a las revisiones propuestas por ACCESS/RI el año pasado, la oficina de Neronha dijo que su enfoque hacia las regulaciones estatales logra un “equilibrio apropiado” entre permitir que los agentes realicen sus deberes, respetar la privacidad y proporcionar pruebas para la rendición de cuentas pública.
La ley estatal requiere que la oficina del Fiscal General y el Departamento de Seguridad Pública de Rhode Island busquen comentarios públicos al desarrollar las regulaciones, y que vuelvan a pedir comentarios cada año. Pero no obliga a los reguladores estatales a aceptar esas sugerencias.
Los miembros de ACCESS/RI presentaron listas casi idénticas de cambios propuestos en 2022 y 2024. Algunas recomendaciones fueron incorporadas. La mayoría no lo fueron.
Esperando el cambio
Las revisiones solicitadas incluyen exigir a las agencias del orden público que hagan accesible al público el audio y video completo de los casos de uso de la fuerza dentro de los 30 días posteriores al incidente. La ley actual exige compartir las grabaciones de cámara en casos de uso extremo o letal de fuerza por parte de un oficial después de la “sustancial finalización” de la recopilación de pruebas y entrevistas a testigos. Indica que se espera que dicha finalización ocurra dentro de los 30 días.
Pero no exige directamente un plazo de 30 días.
La falta de especificidad resulta en cumplimiento inconsistente y variado de la ley estatal, dijo Tim White, exmiembro de la junta de la Coalición de la Primera Enmienda de Nueva Inglaterra. White es reportero de investigación y editor general de WPRI-TV 12.
“Cuando las agencias policiales quieren publicar el metraje de las cámaras corporales, lo hacen rápidamente y sin costo alguno”, dijo White en una entrevista. “A menudo publican el video horas después del incidente cuando quieren detener un crimen o atrapar a un delincuente”.
Por el contrario, cuando las agencias del orden enfrentan escrutinio, incluso cuando usan fuerza potencialmente innecesaria, las grabaciones pueden tardar semanas en hacerse públicas, a menudo acompañadas de tarifas “exorbitantes”, dijo White.
La transparencia es fundamental dentro de las agencias de aplicación de la ley, particularmente cuando hay un tiroteo con participación de oficiales.
ACCESS/RI en su carta del 7 de agosto a la oficina del Fiscal General de Rhode Island
Un ejemplo: un tiroteo con participación de oficiales en Pawtucket en junio. La ciudad compartió grabaciones editadas al mes siguiente en respuesta a solicitudes de registros públicos por parte de varios medios, pero aún no ha compartido imágenes del tiroteo en sí ni de los eventos previos al incidente.
“Peor aún, parece haber una falla o desactivación de la [cámara corporal] del oficial involucrado, lo que resulta en una inexplicable laguna en el video —y más preguntas sobre las acciones policiales ese día”, afirma la carta de ACCESS/RI.
La jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, dijo en una respuesta por escrito el jueves que la cámara corporal del oficial estaba en “modo fuera de servicio” antes de recibir la llamada y no se activó automáticamente como se esperaba cuando el oficial sacó su arma.
White, que ha cubierto la policía en Rhode Island y Massachusetts durante tres décadas, ha encontrado que el acceso a las grabaciones de cámaras corporales, y los registros en general, depende menos de la política estatal y más de la cultura de cada agencia.
White calificó la explicación de Goncalves como “inaceptable”, lo que destaca aún más los problemas con las directrices estatales vagas y la falta de capacitación sobre cómo los oficiales deben usar sus cámaras.
Goncalves también señaló que la ciudad sigue las regulaciones estatales sobre cámaras corporales.
“Si la oficina del Fiscal General busca revisar la política, el Departamento de Policía de Pawtucket participaría activamente en ese proceso”, dijo.
Las regulaciones tampoco son claras sobre cuándo se permite a los oficiales apagar o silenciar sus cámaras. Fuera de los incidentes de fuerza letal, en los que las cámaras no pueden apagarse hasta que el incidente concluya, los oficiales pueden detener la grabación o silenciar el audio de la cámara al tratar con menores, hablar con testigos que desean anonimato o si observan actividades o circunstancias “sensibles o de naturaleza privada”, entre otros escenarios.
ACCESS/RI calificó la política de “confusa y excesivamente amplia”, otorgando demasiado poder y discreción a los oficiales para dejar de grabar.
El sonido del silencio
Las grabaciones de cámaras corporales divulgadas por la policía de Providence que respondieron a un accidente automovilístico que involucró a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el mes pasado incluyen varios silencios prolongados debido a audio silenciado.
El coronel de la Policía de Providence, Oscar Pérez, ha negado públicamente que la policía de la ciudad haya cooperado con ICE en el arresto de un miembro autoproclamado de la pandilla MS-13 en Providence. Pero la falta de sonido en las grabaciones generó sospechas para Steven Brown, director ejecutivo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Rhode Island. Brown también firmó la carta de ACCESS/RI al Fiscal General.
“Es preocupante que el departamento de policía diga que no colaboraron de ninguna manera con ICE durante el incidente, y sin embargo hay esta media hora de silencio durante la cual la policía está hablando con agentes de ICE”, dijo Brown en una entrevista.
La ACLU ha solicitado por escrito a Pérez que “aborde la legitimidad” de las grabaciones silenciadas y publique el resto del material grabado por otros oficiales que respondieron.
Anthony Vega, portavoz de la oficina del alcalde de Providence, Brett Smiley, dijo en un correo electrónico el jueves por la noche que, según la política del departamento, los oficiales pueden silenciar el audio de la cámara al hablar con otros agentes del orden.
“Tras una revisión exhaustiva del incidente, la Policía de Providence identificó ciertas fallas en el cumplimiento y lo ha abordado con el personal”, dijo Vega. “El Departamento sigue comprometido con la equidad, la rendición de cuentas y la transparencia”.
Rhode Island no es el único estado que lucha por equilibrar las protecciones a las fuerzas del orden y sus poderes investigativos con el acceso público, dijo Justin Silverman, director ejecutivo de la Coalición de la Primera Enmienda de Nueva Inglaterra, quien también firmó la carta al Fiscal General.
Las regulaciones estatales que rigen las cámaras corporales de la policía siguen siendo un fenómeno nuevo —una reacción en muchos lugares, incluido Rhode Island, al asesinato en 2020 de George Floyd por un oficial de policía de Minnesota.
“Muchos estados dependen de forma inapropiada de la exención de investigación para retener el metraje durante un tiempo irrazonable”, dijo Silverman. “Existe una tendencia a realmente deferir a los departamentos de policía”.
Si bien Silverman reconoció que a veces hay razones legítimas para retener o editar las grabaciones, las regulaciones de Rhode Island dejan espacio para malas interpretaciones o, peor aún, abusos.
“Nuestras recomendaciones se centran en concretar el lenguaje de la política y detallar específicamente las circunstancias que justificarían retener el metraje”, dijo Silverman.
Inténtalo, inténtalo de nuevo
A pesar de no haber logrado convencer a la oficina del Fiscal General sobre la mayoría de las aclaraciones y revisiones solicitadas a la política estatal de cámaras corporales hasta ahora, Silverman insistió en que no es inútil volver a intentarlo.
“También estamos educando al público sobre lo que puede pasar debido a estas políticas, cómo los miembros de la comunidad podrían quedar en la oscuridad sobre un incidente policial para el cual no tenemos video debido a políticas restrictivas que deben ser revisadas”, dijo Silverman.
Brown fue menos optimista.
“Si la oficina del Fiscal General realmente estuviera interesada en promover el acceso con el programa de cámaras corporales, habría adoptado hace mucho tiempo muchas de las recomendaciones que ACCESS/RI ha ofrecido”, dijo.
Una vía alternativa hacia el progreso podría ser reformar la ley estatal de registros públicos.
Entre las 48 revisiones propuestas a la Ley de Acceso a Registros Públicos durante la legislación de 2025 estaba un requisito para que las fuerzas del orden entregaran grabaciones de cámaras corporales en casos de uso de la fuerza dentro de los 30 días. La legislación se estancó en ambas cámaras de la Asamblea General de Rhode Island, ahogada por una larga lista de objeciones de la oficina del gobernador Dan McKee y otros jefes de gabinete estatales. Los defensores de la reforma de registros esperan presentar legislación similar, o idéntica, el próximo año.