La ACLU y sus filiales argumentan ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito que el discurso “denigrante” de empleados públicos no debe recibir menor protección constitucional. El caso, que involucra a un oficial sancionado por una publicación en Facebook sobre George Floyd, podría redefinir el alcance de la Primera Enmienda en el ámbito laboral público.